Trump aprueba por decreto una reforma electoral de dudosa legalidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó este martes su poder ejecutivo para lanzar una reforma de dudosa legalidad del sistema electoral estadounidense ―el mismo sobre el que lleva años arrojando sospechas―, que a buen seguro encontrará oposición en los tribunales. Trump firmó un decreto que obliga a los electores a aportar un comprobante de su ciudadanía para poder ejercer su derecho. La orden también exige que todas las papeletas con votos por adelantado se reciban el día antes de la cita con las urnas.

Ambas medidas suponen un revolcón al sistema actual, aunque puedan resultar lógicas desde el punto de vista de democracias como la española, donde los votantes tienen que acudir a las urnas provistos de un documento de identificación. Asimismo, en Estados Unidos, está permitido contar los votos que llegan después del día de las elecciones, siempre y cuando su envío por correo haya sido registrado antes de ese día. El decreto afirma que Estados Unidos no ha “aplicado las protecciones electorales básicas y necesarias”. También autoriza a las agencias federales a recortar la financiación a los estados cuyos funcionarios no cumplan con las nuevas normas, ademas de dar al Departamento de Justicia más poder para perseguir los “delitos electorales”.

Esas medidas, si salen adelante, amenazan con desposeer de sus derechos a millones de personas, fundamentalmente inmigrantes, cuyo derecho al voto entorpecen esas nuevas reglas. La Constitución estadounidense es clara al respecto, como lo es en otros asuntos en los que Trump no ha tenido reparos en intervenir por la vía ejecutiva: la autoridad de establecer las reglas electorales es de los Estados y del Congreso, y no entra dentro de las atribuciones del presidente la capacidad para cambiarlas.

El Tribunal Supremo, que tiene la última palabra en la aplicación de la ley en este país, ha parado repetidamente los pies al Partido Republicano cuando ha tratado de exigir una prueba de ciudadanía a la hora de votar. En 2013, el alto tribunal desestimó esa aspiración en una votación de siete votos contra dos, cuando examinó un caso de Arizona. Entonces, los magistrados sentenciaron que cambiar esas reglas es cosa de la Comisión de Asistencia Electoral, un organismo con miembros de ambos partidos.

La intención de Trump parece ser la misma que con otras de sus iniciativas aparentemente inconstitucionales, como la aspiración de acabar con la ciudadanía por nacimiento que garantiza la decimocuarta enmienda de la Constitución: generar una disputa legal que acabe en última instancia en el Supremo y esperar que sus nueve jueces cambien la jurisprudencia.

El Supremo, ¿en contra?

El tribunal cuenta con una composicion inédita desde los años treinta. Seis de sus miembros son de tendencia conservadora, y tres de ellos los nombró el propio Trump en su primera Administración. Eso no impidió que la semana pasada su presidente, John Roberts, plantara cara públicamente al mandatario republicano en sus ataques a los jueces federales tras la contradicción de su Administración de una norma que ordenaba el regreso de un vuelo cargado de inmigrantes detenidos rumbo a El Salvador.

La idea de que no exigir de un documento de identidad para votar iba a permitir que decenas de miles inmigrantes irregulares hacerlo en las elecciones del pasado noviembre fue uno de los bulos preferidos por los republicanos en la última campaña (que asumía, además, que esas papeletas iban a favorecer a sus rivales demócratas). Lo cierto es que la ley federal prohíbe votar a los no ciudadanos y cuesta creer que un indocumentado quiera arriesgarse a ser descubierto (y a penas de hasta cinco años de prisión) con el objetivo de aupar a los demócratas en las elecciones.

En la cita de 2020, en la que Trump perdió contra Joe Biden, el entonces presidente agitó el fantasma del fraude electoral incluso meses antes del día de las votaciones, que se produjeron en mitad de la pandemia, lo que multiplicó el porcentaje de los votos por correo y por adelantado. Una vez contadas las papeletas, el republicano se negó a aceptar su derrota (y aún sigue sin hacerlo). Como consecuencia de su insistencia en el bulo del robo de las elecciones, una turba de sus simpatizantes asaltó dos meses después de las elecciones el Capitolio de Estados Unidos mientras se estaban contando los votos electorales para certificar el triunfo de Biden. El primer día de su regreso a la Casa Blanca, Trump indultó a unos 1.600 presos a los que los jueces hallaron culpables de actos relacionados con esa insurrección.

Este martes, en una comparecencia ante los medios, en la que, como es costumbre, dio cuenta de los decretos firmados en el día, Trump prometió más medidas electorales para las próximas semanas. El presidente estadounidense dijo que estaba firmando la nueva norma para “enderezar” las cosas, y en respuesta al “hartazgo de los estadounidenses” por las “elecciones falsas”. “Quizás algunas personas piensen que no debería quejarme porque ganamos de manera aplastante [en noviembre]”, añadió, aunque la diferencia de votos no permitan un uso tan a la ligera del entusiasta adjetivo, “pero tenemos que arreglar nuestro sistema”, sentenció.